En la 66ava Asamblea General de la ONU, se ha presentado el Informe de la Relatora Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos (A/66/265).
En este interesante informe, la Relatora Especial, Sra. Magdalena Sepúlveda, analiza varias leyes, reglamentaciones y prácticas por las que se castiga, segrega y controla a las personas que viven en la pobreza y se socava su autonomía.
Según el informe, las formas en que los Estados y las fuerzas sociales penalizan a las personas que viven en la pobreza están interconectadas y son de carácter multidemensional, razon por la que no es posible analizarlas aisladamente.
Uno de los puntos de preocupación está referido a la tendencia hacia la privatización y la contratación externa de algunas actividades cuya realización ha correspondido tradicionalmente al Estado.
Cuando los Estados entregan la administración de los sistemas de bienestar, salud y vivienda y de los centros de detención (cárceles) a entidades privadas que buscan obtener un beneficio económico y que tal vez no estén sujetas a una debida supervisión y cotnrol por parte del poder político, ponen en peligro la capacidad de las personas para tener acceso a los servicios necesarios y crean incentivos (perversos) que podrían considerarse perjudiciales en las personas que viven en la pobreza.
Según la Relatora Especial, sin mecanismos para asegurar la rendición de cuentas y la transparencia, es posibel que las entidades privadas den mayor prioridad a los beneficios que a las personas y no sean responsables de sus propios fracasos.
Sobre ello, concluye la Sra. Sepúlveda, que los Estados no deben considerar que la privatización es un medio para que puedan evadir sus responsabilidades en materia de DD.HH.
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